El gobierno de Daniel Ortega está matando a sus propios ciudadanos

By: HuffPost

El gobierno de Daniel Ortega pasó de la negación a las múltiples violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, en donde incluso se señalan posibles ejecuciones extrajudiciales.

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Un policía antidisturbios dispara un arma durante enfrentamientos con estudiantes que participan en una protesta en Managua, el 28 de mayo de 2018.

A César Noé Castillo, de 42 años, le dispararon el 19 de abril cuando regresaba a su casa. Él quedó atrapado en medio de las protestas de las que no formaba parte cuando una bala de una pistola 9 milímetros lo alcanzó y lo dejó días en el hospital. Fue internado por una hemorragia interna, pero el 12 de mayo falleció.

Alex Blanco, un estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua (UNI), perdió la vista de un ojo después de que un policía de las fuerzas antimotines le disparó en la cabeza a diez metros de distancia, y lo impactó en el ojo izquierdo. El joven de 17 años construía una barricada con unas mesas en medio de las protestas.

El 20 de abril de 2018, Juan Carlos López y Nelson Téllez fueron heridos por un arma de fuego en Ciudad Sandino, al oeste de Managua, cuando se realizaba una protesta en la que ellos no habrían participado.

Estos son algunos de los testimonios que recoge el informe de Amnistía Internacional Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, una investigación sobre cómo ha respondido el gobierno del presidente Daniel Ortega a las protestas sociales ocurridas durante los meses de abril y mayo de 2018, tras una reforma al sistema de pensiones que causó enojo y provocó que miles de personas salieran a protestar en la capital, Managua, así como en otras ciudades del país como Bluefields, León, Estelí y Ciudad Sandino.

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Vista de un camión quemado durante las protestas en Masaya, a unos 40 km al sureste de Managua, el 15 de mayo de 2018.

El lunes 28 de mayo, un día antes de la presentación de este informe, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, reportó en vivo la represión contra estudiantes resguardados en la Universidad Nacional de Ingeniería en Managua por parte de policías antimotines con armas de alto calibre.

La represión a las protestas

Desde el primer día de las protestas, el 18 de abril, el gobierno de Ortega impuso su sello: represión desmedida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo grupos afines al gobierno como la actual “Juventud Sandinista”, y los llamados “motorizados”, quienes se transportan en motocicleta y realizan agresiones. Ese día comenzó la respuesta “desproporcionada y violatoria de los derechos humanos” por parte del gobierno sandinista.

En el cuarto día de protestas, con la presión internacional sobre el gobierno sandinista por la represión contra los manifestantes y la censura a medios de comunicación, Daniel Ortega revocó las reforma al sistema de pensiones, pero el daño no terminó ahí.

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El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, habla durante las llamadas conversaciones del ‘diálogo nacional’ con los obispos católicos de Nicaragua y la oposición en un intento por sofocar un mes de disturbios antigubernamentales que han matado a más de 50 personas en el Seminario de Nuestra Señora de Fátima, en Managua, el 16 de mayo de 2018.

 

De acuerdo con un informe preliminar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 18 de abril y el 21 de mayo, en el contexto de las protestas en el país centroamericano hubo al menos 76 personas muertas y 868 heridas -cinco de ellas de gravedad. La CIDH también documentó que 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

Entre el 4 y el 13 de mayo de 2018, Amnistía Internacional documentó las denuncias de graves violaciones a derechos humanos con más de 30 entrevistas, documentación de casos y análisis audiovisual, que incluyó un equipo de expertos en examinar videos y fotografías, así como en armas y municiones.

Las violaciones en tiempos de Ortega

De acuerdo con el informe Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, predomina el discurso oficial de negación e invisibilidad de la represión y sus consecuencias, así como de la estigmatización por parte de los niveles más altos del gobierno de las personas que se manifiestan públicamente; la utilización de grupos parapoliciales con el fin de cometer ataques, ampliar su capacidad represiva, y operar con mayor facilidad al margen de la ley.

Amnistía Internacional también documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de sus cuerpos antimotines; la posible ejecución extrajudicial de personas, tanto a través de la Policía como de grupos parapoliciales; los posibles actos de encubrimiento y obstaculización en la investigación a través de la falta de realización de diligencias iniciales básicas y cruciales para el éxito de la misma; la denegación de la atención médica en hospitales públicos; así como los intentos de control de la prensa, con el fin de ocultar la realidad y limitar la libre expresión.

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Un hombre muestra una bala de casquete durante las protestas en Masaya, a unos 40 km al sureste de Managua, el 15 de mayo de 2018.

 

Pese a que la Organización de las Naciones Unidas señala que el uso de la fuerza por parte de la autoridad debe estar basada en criterios de proporcionalidad y necesidad en relación con la amenaza que se pretende repeler, buscando en todo momento reducir al mínimo los daños y proteger la vida, en el caso del gobierno de Ortega no ha sido así. De acuerdo con Amnistía Internacional, entre los días 19 de abril al 12 de mayo de 2018, no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales.

“Amnistía Internacional recibió información y testimonios de varias personas, entre ellas menores de edad que sufrieron lesiones graves provocadas por balas de goma y perdigones, que fueron disparadas a la cabeza o tórax, y causaron secuelas irreparables, y en ocasiones la privación arbitraria de la vida”, explica la organización.

Uno de los casos de pivación arbitraria de la vida y de atención médica denegada es el de Álvaro Conrado, un joven de 15 años que fue asesinado con un disparo de arma de fuego en el cuello mientras distribuía agua a los manifestantes en Managua.

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Un hombre arroja un fuego artificial en Masaya durante protestas nacionales que exigen justicia, democracia y la salida del presidente Daniel Ortega, en Masaya, Nicaragua, el 12 de mayo de 2018.

 

Según los testimonios de los familiares y personal médico del Hospital Bautista donde fue atendido, la negativa de atención médica en el hospital público Cruz Azul, donde había sido trasladado previamente, hizo que Álvaro llegara con escasas probabilidades de sobrevivir al Hospital Bautista donde fue sometido a una cirugía por más de cuatro horas. Álvaro Conrado fue enterrado sin haberle realizado un examen médico forense, y sin que se le extrajera la bala que causó su muerte, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional.

La policía empezó tirando bala de goma. Pero esa violencia escaló al día siguiente. El 19 de abril hubo varios muertos. Daniel (Ortega) pudo haber parado la represión ese día. Pero no lo hizo. Al día siguiente la policía tiró balas de fuego. La orden era matar.-Dra. Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Con base en lo que documentaron, la organización asegura que existen razones para pensar que “dichas muertes habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la República”.

Aquí puedes leer o descargar el informe íntegro que Amnistía Internacional compartió con el HuffPost:

Reporte Nicaragua – Disparar a Matar by Anonymous 5zXu2FmR on Scribd

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