La guía para entender la violencia política en México y cómo afecta a las mujeres

By: HuffPost

Pese a que el 2018 fue un año histórico para las mujeres en la política nacional, aún hacer conciencia sobre lo que significa la violencia política de género

En septiembre pasado, legisladoras de las diferentes bancadas ofrecieron conferencia de prensa para exigir que se detenga la violencia política en contra de las mujeres.

Este 2018 ha sido histórico para las mujeres en la política mexicana: por primera vez, hay un Congreso con igual número de legisladoras y legisladores; una mujer es la titular de la Secretaría de Gobernación; el gabinete presidencial tiene equidad de género; y una mujer llegó por la vía electoral a gobernar la Ciudad de México. Y, pese a ello, aún hay un concepto vivo y que no aparece demasiado en la vida cotidiana del país: la violencia política de género.

Para entenderlo mejor, primero, hay que definir qué es la violencia política: cualquier acción, conducta u omisión, realizada en forma directa o a través de terceros que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

Estos derechos políticos son, principalmente, dos: votar y ser votado. Y en una amplia medida, se obstaculizan para las mujeres. A esto se le llama violencia política de género, es decir, es una práctica que ocurre por el solo motivo de ser mujer.

A diferencia de muchos otros tipos de violencia —como la física, sexual, psicológica, moral o económica—, la violencia política de género aumenta a medida que las mujeres van conquistando espacios públicos a los que antes se les negaba la entrada.

Esto ocurre porque la presencia de mujeres en lugres no convencionales, como un cabildo, un ayuntamiento, o la gubernatura de un estado, desafía el status quo obligando a la redistribución del poder entre ambos sexos.

Muchas veces, se trata de un poder que los hombres no van a otorgar voluntariamente y que se logra con acciones que deben ser impuestas, no consultadas, con acciones afirmativas como las cuotas en las candidaturas que llevan a la paridad de género en el Poder Legislativo, entre otros resultados.

En México, la violencia política de género ha ido creciendo, conforme crece la participación de las mujeres en el servicio público: según un informe de ONU Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) recibió 38 denuncias de violencia política en el año 2015, mientras que en el año 2016 se contabilizaron más de 143 casos.

Esa violencia se expresa de muchas maneras: es violencia política de género cuando, una vez que una mujer resulta electa, es obligada a renunciar para que un hombre asuma su posición ganada en las urnas. La inequidad en la distribución en los tiempos de radio y televisión en las campañas electorales. O dar al organismo electoral datos falsos de la identidad o sexo de la candidata.

También, las amenazas, la prohibición a expresarse, la difamación, el acoso a través de medios y redes sociales, insultos, calumnias, agresión física, tocamientos o acercamientos de carácter sexual no deseados, persecución de parientes y seguidores. Y la expresión más grave: el feminicidio.

Esta violencia no solo la cometen “delincuentes” o criminales embozados. La violencia política de género es ejercida por el Estado o sus agentes, por partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, votantes e, incluso, la familia de quien aspira a entrar al ámbito político. En muchas zonas rurales del país, los esposos o padres de las candidatas activamente bloquean sus anhelos de convertirse en servidoras públicas, relegándolas a los trabajos domésticos.

Pese a ello, hay estrategias importantes en México que impiden que la violencia política de género crezca, mientras se normaliza la presencia de mujeres en la vida pública.

Una de ellas, por ejemplo, es la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que obliga a que el sexo del candidato titular y su respectivo suplente sea el mismo. Es decir, si la candidatura la ostenta una mujer, entonces una mujer debe ser su suplente.

“De este modo, se evitan casos similares al de ‘las juanitas’, en el cual en la elección federal del año 2009, nueve diputadas recién electas presentaron simultáneamente solicitudes de licencia ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para separarse del cargo de manera definitiva siendo en todos los casos los suplentes varones quienes asumirían el cargo”, se lee en el informe Democracia paritaria de ONU Mujeres.

Proyectos como ese, o la prohibición de registrar candidaturas exclusivas de mujeres en distritos perdedores, ha hecho que México entre a una reducida lista de países de América Latina que tienen proyectos de ley específicos contra la violencia política de género: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Perú y México.

¿Qué falta por hacer? ONU Mujeres recomienda en el informe Democracia paritaria 13 acciones para erradicar este tipo de violencia. Entre ellas están establecer mecanismos de protección para las víctimas, sanciones a los victimarios a través de una ley específica y promover en medios de comunicación los derechos políticos de las mujeres.

Para conocer más sobre las recomendaciones y detalles sobre violencia política de género en México y América Latina, puedes leer aquí el informe de ONU Mujeres.

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