América Latina avanza en el cuidado de sus adultos mayores, mientras México ni siquiera los considera

By: Animal Político 

En México más del 60 % de las personas adultas mayores viven con alguna discapacidad o limitación y casi todas son cuidadas en sus hogares sin asistencia del Estado, de acuerdo con un informe de CONEVAL.

En México no hay una política pública para cuidar a los adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos. Esto pese a que desde 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que en el siglo XXI ningún país debía ignorar la necesidad de contar con un sistema de cuidados, ni que estos servicios son responsabilidad del Estado. Así lo reporta la guía práctica de políticas públicas del CONEVAL, ¿Qué funciona y que no para cuidados de largo plazo en personas adultas mayores?

En el mundo, señala el documento, hay muchos países donde sí existe un sistema público para este tipo de apoyo, como Japón, Holanda, España o Reino Unido. En América Latina, diversas naciones están avanzando para tenerlo, como es el caso de Colombia, en donde se están reformando los servicios existentes. Brasil ya cuenta con un programa de cuidados unificado y financiado públicamente, mientras que Argentina y Chile avanzan aún cuando tienen sistemas fragmentados y la provisión de servicios depende de diferentes instancias en los distintos niveles de gobierno. En México, en cambio, el Estado no ha hecho nada para generar ese sistema de atención.

La guía del CONEVAL considera que ese vacío deja a las familias con pocas opciones: recurrir a instituciones públicas que brindan el servicio de manera aislada e insuficiente, contratar asistencia privada o asumir entre los integrantes la atención del familiar.

Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 mostraron que la mayoría de las personas de 60 años o más (62.1 %) vivía con alguna discapacidad (3.4 millones) o limitación (4.7 millones). De los más de 33 millones de hogares que existen en México, en 3.4 millones se hacían responsables de cuidar a personas mayores de 60.

Una causa de esto es que los servicios privados quedan fueran del alcance de la población por sus altos costos, mientras que en las institucionales públicas una de las pocas opciones es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la otra es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Ambos están descentralizados, por lo que es responsabilidad y decisión de las entidades federativas definir los grupos a quienes dan prioridad los servicios ofrecidos, así como la modalidad de atención. El INAPAM cuenta con seis albergues de alojamiento permanente, cuatro en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y otro en Oaxaca. El DIF cuenta con dos asilos para cuidados en la Ciudad de México, una casa hogar para ancianos en Morelos y otra en Oaxaca.

Hay también Instituciones de Asistencia Privada (IAP), asociaciones civiles (A.C.), sociedad civil (S.C.), asociaciones religiosas y sociedades dedicas a brindar servicios de cuidado. Con el objetivo de identificar a tales instituciones, el DIF Nacional y el INEGI generaron un primer Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) en 2015.

Ese censo identificó 4,517 alojamientos. De esos, 22.6 % (1,020) son casas hogar para personas mayores. 58 % están constituidas como asociación civil, 14 % como instituciones de asistencia privada (IAP), 4 % como sociedad civil. Las sociedades mercantiles y las asociaciones religiosas representan 2 % cada una, y el resto (aproximadamente 20 %) representa otro tipo de figura jurídica.

El CAAS registró 14,582 personas colaborando en estas instituciones, pero solo 86 % recibe un pago por su labor, 14 % trabaja en ellas de forma voluntaria. Las mujeres representan 78 % de los empleados y 63 % del voluntariado. El censo del DIF y el INEGI reporta que 97 % de este personal no cuenta con adecuada certificación en competencias para el cuidado de adultos mayores dependientes.

En cuanto a los residentes, en el momento del censo se encontraron 118,876 personas viviendo en instituciones, de las que 22,611 (19 %) residen en los alojamientos clasificados como casa hogar. De entre los residentes, 61 % de las mujeres reportan un bajo nivel educativo (21 % sin educación formal y 48 % con primaria completa o secundaria incompleta) y 56 % tiene ochenta años o más.

Sobre el desempeño de todas estas instituciones no hay forma de tener datos, porque en México no existe una evaluación sistemática de la calidad de la atención ni para las instituciones públicas ni para las de asistencia que se dedican a cuidar adultos mayores, como tampoco se evalúan las condiciones ambientales ni la infraestructura.

En cuanto a los servicios formales y públicos de apoyo en casa existe el programa de Atención Domiciliaria al Enfermo Crónico (ADEC) del IMSS, que inició en 1990 para proporcionar procedimientos básicos, con la participación activa del paciente y sus familiares. Pero no está especializado en población adulta mayor y se apoya en el cuidador primario o red de apoyo familiar. Sobre este programa no hay reportes institucionales respecto a su desarrollo o del impacto en el largo plazo en la salud y bienestar de los pacientes.

Por todo esto no sorprende que el cuidado recaiga primordialmente en el hogar, auspiciado por familiares, vecinos y amigos, sin remuneración y, por lo general, con poco o ningún tipo de apoyo, señala el estudio del CONEVAL.

Los datos más recientes de la Cuenta Satélite del Sector Salud en México, publicadas por el INEGI, muestran que el trabajo no remunerado en salud representó el 28.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese sector en 2016, y el 1.6 % del nacional en el mismo año. En términos de horas por semana, el trabajo no remunerado por cuidados a la salud representó, para el 2016, el 3.7 % del total.

Aun cuando estas cifras se refieren a cuidados a personas de todas las edades, la realidad de los cambios en la estructura poblacional y el hecho de que 26 % de la población que reporta limitaciones (motoras, cognitivas o sensoriales) describa a su edad avanzada como causante de las mismas indica que, muy probablemente, un porcentaje importante del trabajo no remunerado en salud corresponda a cuidados y atención a personas mayores.

Ante este panorama y luego de hacer una evaluación de diferentes políticas de cuidado en diversos países, el CONEVAL recomienda:

● La Secretaría de Salud debe asumir la responsabilidad de la provisión de servicios de CLP incluyendo servicios de salud y sociales, así como de la regulación de las instituciones. Todo esto bajo una perspectiva multidimensional y de integración intersectorial.
● Generar estrategias con enfoque multidimensional, de apoyo a los familiares o cuidadores principales para disminuir los costos directos e indirectos que sobre estos generan los cuidados que realizan, incluyendo servicios de acompañamiento y de apoyo en actividades de cuidado personal.
● Extender los modelos de visita médica domiciliaria para personas mayores dependientes.
● Centros de respiro para los familiares cuidadores.
● Estrategias de apoyo adicional como servicios de comida caliente, relevo de
cuidado, entre otras.
● Generar modelos de CLP en el marco del primer nivel de atención de los servicios
de salud.
● Elaborar un programa de acreditación tanto para instituciones de CLP como para personal, en equivalencia al programa de certificación de instituciones prestadoras de servicios de salud.
● Es indispensable desarrollar la normatividad referente a los lineamientos o requerimientos bajo los cuales las instituciones de cuidados de largo plazo para personas mayores podrán operar o funcionar, incluyendo los estándares de calidad de carácter obligatorio y de observancia nacional, definiendo una institución única encargada de supervisar, evaluar y en su caso, sancionar a aquellas que no los cumplan.
● El Consejo de Salubridad General debe impulsar la declaratoria de obligatoriedad que regule la prestación de CLP para que la Secretaría de Salud en consecuencia proponga la norma oficial correspondiente, así como un programa nacional de capacitación.
● Establecer un registro nacional obligatorio en el que todas las instituciones de CLP deban inscribirse, sin importar su razón social o condición de financiamiento, con la finalidad de concretar las acciones de control y vigilancia hacia estos establecimientos, a la vez que se cuente con un instrumento de información de acceso público para todos los usuarios potenciales de estas instituciones y sus familiares.

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