¿Cómo debe funcionar la Comisión Nacional de la Verdad?

By: Animal Político

Esto proponen grupos civiles Este es un resumen de la propuesta de Comisión de la Verdad que analizaron los colectivos de víctimas el pasado 4 de diciembre, y cuya versión final será presentada en las próximas semanas al gobierno federal, en espera de su aceptación inmediata.

Luego de que, en septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador se comprometiera con colectivos de víctimas de la violencia de todo el país a establecer seis mesas de trabajo, orientadas en conjunto a diseñar la política de pacificación que aplicará su gobierno, estas agrupaciones de víctimas, acompañadas de organismos civiles de defensa de los derechos humanos, comenzaron el diseño de las propuestas de trabajo que llevarán a dichas mesas, mismo que ahora se alistan a presentar a las autoridades para su discusión, una vez que la nueva administración federal entró en funciones.

El pasado 4 de diciembre, colectivos civiles se congregaron en la Ciudad de México para detallar su primera propuesta, que describe la forma en que víctimas y defensores de derechos humanos se imaginan que debe ser la Comisión Nacional de la Verdad, organismo que el presidente López Obrador se comprometió a crear, y que ahora falta definir sus alcances y facultades.

A continuación, te presentamos un resumen de la propuesta de Comisión de la Verdad que, con carácter de “preliminar”, analizaron los colectivos de víctimas el pasado 4 de diciembre, y cuya versión final será presentada en las próximas semanas al gobierno federal, en espera de su aceptación inmediata.

¿Para qué una comisión de la verdad?

El objetivo de crear una “comisión de la verdad” que opere a nivel nacional, señala el documento discutido por las víctimas y defensores de derechos humanos, es ofrecer una “narrativa creíble, sustentada y explicativa” de la violencia que ha sufrido la sociedad mexicana en las últimas siete décadas, con la intención de “aportar al conocimiento de las consecuencias transgeneracionales” de esta misma violencia.

Lo que se busca, subraya la propuesta preliminar, es “poner fin a la narrativa de negación y simulación del Estado en torno a las graves violaciones a derechos humanos” cometidas a partir del año 1965, para “dar voz a las víctimas que han sido silenciadas por la violencia y la impunidad”, así como para “combatir la indiferencia social ante las víctimas”, “desestigmatizarlas”.

El periodo de esclarecimiento de hechos que los grupos civiles proponen sea estudiado por la Comisión de la Verdad es de seis décadas, dividido en dos.

El primer periodo de estudio, señala la propuesta preliminar, comprende del 1 de enero de 1965 al 30 de noviembre de 2006, es decir, abarca las décadas en las que el gobierno mexicano aplicó la estrategia represiva conocida como “guerra sucia” en contra de grupos opositores, así como los años de violencia política y violencia vinculada a corrupción y delincuencia organizada, que caracterizaron el fin del siglo XX.

El segundo periodo de estudio va del 1 de diciembre de 2006, al 31 de diciembre de 2020, fecha en la que, señala la propuesta, cerrará la recepción de testimonios. Este periodo, cabe destacar, comprende la estrategia militar conocida como “guerra contra el narco”.

La propuesta de Comisión de la Verdad que preparan los colectivos civiles establece que este organismo no debe dedicarse a perseguir delitos particulares, ni a proceder legalmente contra los perpetradores de éstos (algo que tocaría realizar a otro organismo, el Mecanismo internacional contra la impunidad), sino que debe “explicar los contextos y los métodos de la violencia”, para esclarecer y documentar los patrones nacionales y regionales bajo los cuales ésta funcionó y evolucionó en México, concentrándose en aquellos patrones que fomentaron la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En esta propuesta preliminar, los colectivos civiles reconocen que una Comisión de la Verdad no puede trabajar indefinidamente, sino que debe contar con una fecha clara para la conclusión de sus labores. Por ello, los colectivos proponen que la comisión tenga un periodo de existencia de tres años, con la posibilidad de una prórroga excepcional, que pueda aplicarse en caso de que hacia el final de sus labores los integrantes de la Comisión enfrenten obstáculos tendientes a boicotear su presentación de conclusiones.

¿Cómo debe funcionar?

Aunque aún no está definido el número de integrantes de la Comisión de la Verdad, los colectivos civiles coincidieron en que ésta debe conformarse por bajo el principio de paridad de género, con la presencia de personas nacionales y extranjeras, todas “expertas, con autoridad moral probada” y con “independencia partidista”, acompañadas por “víctimas” y “líderes sociales con cercanía a las víctimas”.

Según la propuesta de los colectivos civiles, la Comisión de la Verdad, además, debe contar con un “equipo técnico extenso”, que asista en las labores de documentación y recabación de testimonios y casos, que trabaje a partir de “oficinas regionales que garanticen un proceso descentralizado”.

Este equipo de trabajo, que podría abarcar a cientos de expertos en distintas áreas técnicas, científicas y periciales, operando de forma simultánea en todo el país, deberá trabajar de la mano, en diálogo constante, con “colectivos de víctimas y de familiares de víctimas, con organizaciones civiles y sociales, con la academia y con especialistas extranjeros”, así como con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo que toca a asistencia técnica.

¿Qué garantías deben darse?

La primera preocupación planteada por los colectivos de víctimas y de defensa de los derechos humanos es que la Comisión de la Verdad debe contar con condiciones de seguridad para desarrollar su labor, lo que no solo implica garantizar la integridad, presente y futura, de los miembros de la comisión y de sus equipos técnicos, sino también la de todas aquellas personas que posean información sobre graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, ya que sin estas garantías no será posible que esas personas hablen.

Este aspecto, se detalló, exige un amplio ejercicio de imaginación y de estudio de experiencias internacionales, para diseñar mecanismos que permitan obtener testimonios e información sobre graves hechos de violencia, sin poner en riesgo a las personas que los proporcionen, tales como la aplicación de audiencias privadas que, incluso, podrían desarrollarse fuera del país (de exigirlo así las evaluaciones de riesgo).

Por otro lado, una condición de cumplimiento imprescindible es que la Comisión de la Verdad cuente con autonomía y suficiencia presupuestaria para desplegar por todo el país una extensa brigada de recabadores de información, que cuente con todas las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos.

Sin contar con un aporte suficiente de recursos económicos, se detalla, no sería posible desarrollar la “recopilación masiva de datos” que la Comisión de la Verdad requiere para narrar de forma detallada los mecanismos que permitieron la evolución de la violencia en México, ni tampoco sería posible realizar “el análisis estadístico y georreferenciado de las diferentes formas de victimización” que se presentan en el país.

Igualmente, sin los recursos suficientes sería muy difícil incorporar al proceso de aportación de testimonios a todas aquellas víctimas que, hasta ahora, no pertenecen a ningún colectivo organizado.

Resultados

Si bien el objetivo de la Comisión de la Verdad propuesto por los colectivos civiles no es encabezar la persecución de los delitos documentados, sino desarrollar una narrativa apegada a la realidad de la violencia en México, la propuesta sí contempla que aquellos testimonios e insumos informativos recabados por la Comisión puedan ser canalizados al Mecanismo Internacional contra la Impunidad, para que éste pueda aprovecharlos en su labor de identificación de responsables, para su procesamiento penal.

“Los resultados de los informes, los análisis de contexto y de patrones de graves violaciones de derechos humanos, y en su caso crímenes de lesa humanidad –subraya la propuesta– serán incorporados a las investigaciones de fiscalías y el Mecanismo Internacional contra la Impunidad.”

Igualmente, estos testimonios deben ser aprovechados por los programas de reparación integral del daño (cuyo establecimiento es también un compromiso del presidente López Obrador), y servirán también para el diseño de reformas institucionales orientadas a suprimir las posibilidades de repetición de hechos violentos.

Sin embargo, se subraya que el principal objetivo es “el reconocimiento de la narrativa de las víctimas, en contraposición al discurso oficial”, con la intención de “restaurar su dignidad y reivindicar su posición como titulares de derechos”.

“La verdad –concluye la propuesta de los colectivos ciudadanos, que será presentada al gobierno federal para su implementación– será un elemento central para los procesos de construcción de paz, y para la narrativa social que permita entender la violencia y las consecuencias para las víctimas y la sociedad.”

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